Desde Pimem manifestamos que nos mostramos “totalmente contrarios” a la decisión de la Abogacía del Estado de presentar un recurso contencioso administrativo, en representación de la Delegación del Gobierno y el Ministerio de Presidencia y Administraciones Territoriales, frente al acuerdo del pleno adoptado por el Ayuntamiento de Pollença el pasado febrero en el que se aprobaron las bases reguladoras de las subvenciones a empresas que utilicen el catalán como lengua habitual.

Encontramos que la ayuda propuesta por este ayuntamiento “no incumple, de ninguna manera” la norma constitucional sobre la igualdad (en la cooficialidad) de las lenguas de las Islas Baleares, que según la visión de la Abogacía del Estado “sí, se está vulnerando”. Además, coincidimos con el representante de la administración pública de Pollença, Miquel Àngel March, al defender esta ayuda, que en distintos municipios se viene concediendo desde hace ya 20 años, que cuenta con la aprobación social y política y que al parecer “nunca había sido un problema hasta ahora”.

“No podemos permitir que una simple partida, que no cuenta con un presupuesto superior a 5.000 euros, tenga una repercusión tan grave para Delegación de Gobierno” y que sea tildada como una subvención que incumple con el derecho constitucional y que “ataca a la igualdad de las lenguas oficiales de nuestras islas, catalán y castellano”.

La preocupación que algunos partidos políticos están desplegando, durante los últimos años, sobre las lenguas de nuestra comunidad, la consideramos desde nuestra institución “desmesurada e innecesaria”. Pimem coincide al pensar que el único problema que hay, actualmente, entre el castellano y el catalán, es el provocado por estos mismos partidos, que hacen de la educación lingüística, una batalla innecesaria y partidista, para intentar desestabilizar al contrario.

Apoyar y fomentar el comercio a través de nuestra propia lengua, nunca puede ser visto, por los partidos de nuestras islas, como un inconveniente. No debemos cometer el error de percibir este tipo de subvención como un ataque deliberado hacia la igualdad y la estabilidad lingüística. Precisamente desde Pimem creemos que este tipo de actuaciones, por parte de la Abogacía del Estado y de la Delegación de Gobierno, lo único que provoca es un distanciamiento entre los integrantes de nuestra comunidad. “Una fractura que de seguir así puede ser insalvable”.

La igualdad de nuestras lenguas es necesaria para el desarrollo adecuado de las Baleares. Si pretendemos evolucionar y crecer es necesario la adecuada comunión entre el catalán y el castellano como lenguas cooficiales.

Por todo ello, nos mostramos contrarios a las decisiones tomadas desde la Delegación de Gobierno y le solicitamos que recapacite y retire el recurso sobre unas ayudas que lo único que pretenden es fomentar el uso continuo del catalán y de apoyar al pequeño y mediano comercio de las comunidades de las Baleares.

Siguen sin cumplirse la totalidad de los acuerdos pactados con el Govern, el pasado mes de marzo de 2017.

La Delegación General de Movilidad y Transporte de la CAIB “no ha sido capaz de cumplir con los importantes acuerdos pactados con el sector del taxi”. Así lo manifiesta el representante de la Asociación Mallorquina de Trabajadores Autónomos del Taxi (AMTAT-PIMEM), Toni Cladera, que se muestra muy decepcionado con el trabajo realizado por la institución pública, en lo que hace referencia a la implementación del "Acord per a l’impuls del transport públic en bus regular i taxi a l’illa de Mallorca” firmado el pasado marzo de 2017.

Dos puntos en especial son los que “molestan” a la asociación del taxi. El punto número 8 que trata sobre el “desarrollo de una aplicación específica para el sector del taxi” y el punto 12 en el cual se especifica que se creará “una nueva parada en la zona de la estación intermodal de Palma”.

Cladera además, afirma que desde el sector del taxi “en multitud de ocasiones” se le ha ofrecido, a la Conselleria, posibilidades de llevar a cabo la puesta en escena de la aplicación o de incluso utilizar aplicaciones ya creadas para facilitar la tarea a la administración. “Es una vergüenza que durante un año no hayan ni iniciado el proceso para la ejecución de este punto”.

Esta aplicación podría ayudar a controlar el servicio del taxi en los meses de temporada alta, mejorando su calidad y ofreciendo al cliente una rápido traslado y recogida; pero al parecer “esta aplicación, que sólo ofrece ventajas, no les interesa, desde la conselleria, llevarla a cabo” manifiesta Cladera. 

El otro punto que tiene al sector del taxi “alterado” es la parada de la estación intermodal. “Sólo pedimos una pequeña parada para tres o cuatro vehículos y desde el año pasado no tenemos constancia de que se haya iniciado ningún proyecto para su ejecución” relata el representante de AMTAT-PIMEM. 

Desde la reunión del pasado mes de marzo donde los taxistas solicitaron la “realización, de inmediato, del acuerdo firmado en 2017”, la institución pública no ha desarrollado “ningún otro punto que no estuviera hecho” asegura Cladera. Después de que se “comprometieran a su aplicación”, de nuevo los taxistas ven como sus solicitudes “han caído en saco roto”.

“Esto es una muestra más de que gobierne quien gobierne siguen sin cumplir sus compromisos” afirma Toni Cladera, que a la vez se lamenta de que los políticos desaprovechen “estas oportunidades” para demostrar a la ciudadanía que de verdad “realizan un buen trabajo y son fieles a su palabra”.

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El intrusismo laboral en el mundo de la enseñanza

El CECAP exige al Govern actuar de oficio para evitar el intrusismo laboral  

El intrusismo laboral en el mundo de la enseñanza no reglada es un problema que, a día de hoy, sigue actuando impunemente y sin ser castigado. La Asociación de Centros de Enseñanza Profesionales de la Provincia de Baleares (CECAP) busca encontrar una solución dado que, en los últimos años, esta práctica no ha hecho más que “ir en aumento”. Es necesario “una actuación de oficio por parte de las administraciones públicas oportunas”. Al igual que el alquiler turístico está siendo regulado y se sanciona de oficio a las plataformas que publicitan dichas viviendas; desde el CECAP se requiere al Govern Balear a “actuar del mismo modo con los miles de anuncios de clases de formación fuera de la legalidad”.

La presencia de profesores particulares que trabajan de forma clandestina, ilegal, sin pagar impuestos, en sus casas particulares, sin obtener la debida licencia municipal y sin cumplir las correctas normas de accesibilidad y prevención de incendios “enfurece” a un sector que se siente desprotegido por las instituciones públicas. Los centros de formación asociados a Pimem además de, tener que competir con toda la oferta pública gratuita -pagada por la ciudadanía-, tienen que competir en un mercado donde existe un alto nivel de economía sumergida.

Desde el CECAP quieren poner de manifiesto que existen hasta cuatro tipos de intrusismo laboral. El primero es el de aquellas personas que realizan clases en su propio domicilio, anunciándose impunemente en cualquier medio, incluido prensa y sin que la autoridad competente actúe al respecto. El segundo es el de docentes funcionarios de enseñanza de primaria, secundaria y bachiller, que por las tardes cobran a los alumnos por darles clases de refuerzo; cometiendo una ilegalidad si no ha solicitado la compatibilidad o incompatibilidad.

Pese a que la Dirección General del Personal Docente ofrece al profesorado, bajo su tutela, la opción de o bien solicitar una excedencia o la de compatibilizar las dos tareas, parece que no es una opción que atraiga mucho a ese gremio de profesores particulares que cobran en ‘B’. Según el presidente del CECAP, “lo inaudito de esta situación es que la única sanción que existe para este tipo de profesionales, que actúan fuera del marco legal, es la de un requerimiento”.

Según los servicios jurídicos de la Dirección General del Personal Docente una vez se detectan estas situaciones lo único que se le exige al profesional es que “normalice su situación” y solicite o una excedencia o una compatibilidad. Actualmente, no se conoce ningún caso de apertura de expediente o sanción. Pedro Daniel Pérez, presidente del CECAP, ha expresado su malestar con la Conselleria de Educación, tras no atender a la demanda de “remitir una circular a todos los colegios e institutos informando de la ilegalidad de ese comportamiento”. 

También la Asociación de Centros de Enseñanza Profesionales de la Provincia de Baleares ha afirmado que tienen constancia de otro tipo de intrusismo como es el de docentes funcionarios que se dedican a preparar oposiciones “sin las correspondientes altas” en Seguridad Social y Hacienda, y “sin haber solicitado la compatibilidad en sus funciones”. Además de recalcar “la sorpresa” que supone en ocasiones encontrarse a estos formando parte del tribunal de evaluación, “un hecho muy grave que denunciaremos cuando recabemos más pruebas” han asegurado. 

El cuarto tipo de intrusismo laboral que se manifiesta desde la institución es el de la contratación de docentes por parte del Govern Balear para impartir clases de refuerzo gratuitas en los colegios e institutos sin tener en cuenta al sector que efectivamente se dedica legalmente a ello. Pérez ha afirmado que está “dispuesto a negociar” con la administración pública la posibilidad de poder ofrecer esa misma oferta gratuita a través de los centros de la asociación, “si así se consigue erradicar esta práctica invasiva”. 

“Existe una pasividad administrativa y legal, que nos deja indefensos ante el intrusismo laboral” asegura Pérez. “Cada día ves publicidad en los medios de comunicación, en el mobiliario público, en internet…Es una violación continua de todas las reglas que nosotros, sí, cumplimos”, añade. Para los miembros de la Asociación es necesario que se ejecuten las sanciones existentes para evitar este tipo de problemas.

Estos centros reciben alumnos de todas las edades, desde 3 a 70 años, buscando reforzar alguna asignatura en concreto, aumentar competencias en idiomas, o informática, preparar oposiciones, o en obtener algún título de acreditación de nivel o de capacitación profesional, “pero los están perdiendo paulatinamente”. Hay estudios que calculan que cerca de un “70% de la formación en oposiciones, idiomas, clases de refuerzo, etc… está en el mercado negro”, es decir que “sólo un 30% estaría dentro de la legalidad, sufragando todos los gastos e impuestos y compitiendo injustamente con el mercado sumergido”, afirma el representante del CECAP.

La parte económica también juega un papel importante en este tema. Para el cliente de un centro de enseñanza cada clase particular tiene un coste de 20€ la hora. La mitad de esta cantidad esta destinada alquiler del local, la seguridad social de sus empleados y a hacienda. Mientras que una clase particular “en B” puede permitirse perfectamente cobrar 10€ la hora, al ser todo beneficio. Un precio con el que les resulta “imposible competir” y que es “más atractivo para los potenciales clientes” 

Existe una gran decepción, dentro de la Asociación, con la actual actitud de las administraciones públicas, han tenido que presenciar como muchas academias se han visto obligadas a cerrar “por la falta de amparo de los servicios públicos” y en otras ocasiones han visto como muchos centros de formación “han intentado abrirse paso y han sucumbido al cabo de uno o dos años”. Según sus datos en los últimos tres años “más de 20 en toda Baleares, y más de 50 en los últimos diez han desaparecido”.

 

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Veto “total” al alquiler turístico

Jordi Mora se muestra muy preocupado, respecto al alquiler turístico, por la falta de diálogo del Ayuntamiento de Palma. La propuesta de zonificación turística veta “totalmente” cualquier posibilidad de alquiler turístico en Palma. Esta propuesta, presentada hoy, por parte del Ayuntamiento de Ciutat puede tener graves consecuencias para todo el tejido empresarial palmesano; y en especial para toda la oferta complementaria del interior del municipio compuesta esencialmente por pequeñas y medianas empresas. 

“Lo lógico hubiera sido que antes de adoptar medidas drásticas se hubiera realizado una mesa de diálogo o un estudio de impacto” critica Jordi Mora, Presidente de PIMEM. El “inexistente diálogo” ofrecido por parte de la administración hacia el sector empresarial en este asunto ha provocado que Mora se mostrara “sorprendido y decepcionado por la falta de tacto”. 

La prohibición del alquiler vacacional es contraria a la idea que desde PIMEM se planteaba, que era la de simplemente “regularizar”. El alquiler turístico tiene la función de ser un efecto distribuidor de la riqueza en diferentes sectores de la población isleña y esta medida lo único que hace es “concentrar la actividad en el sector hotelero” asegura el representante de Pimem.

La globalización y la evolución del ser humano gracias al apoyo de las nuevas tecnologías ha hecho que facetas importantes de nuestra sociedad vayan cambiando o hayan cambiado. El alquiler turístico es un producto que “inevitablemente” tiene una gran demanda por parte de la población turista, por ello Jordi Mora considera que no debemos aplicar según que medidas sin un “estudio previo del mercado o sin el diálogo oportuno” con los diferentes agentes que están involucrado en esta situación. 

EL turismo vacacional no es el “único responsable del aumento de precio de los alquileres”, el cual también lo padecen los empresarios, sino que se debe principalmente a la escasez de promociones residenciales para vivienda “normal”, la ausencia de vivienda pública y el alto número de inmuebles vacíos que se encuentran bajo la titularidad de la Banca, la SAREB o los fondos de inversión. No podemos eliminar un producto que supone un valor económico “tan grande” para la población isleña y es que según Mora (basándose en unos estudios de InAtlas) el “30% de la compraventa de inmuebles está realizada por población extranjera. 

Desde Pimem también se quiere poner de manifiesto que se harán unas declaraciones más detallas una vez “tengamos una copia del texto”, el cual todavía “no han recibido”. Para finalizar, el presidente de la federación afirmó con total rotundidad “que desde Pimem se presentarán las alegaciones pertinentes sobre este asunto”.

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