PIMEM encuentra inaceptable el retraso en el pago a las empresas por parte del Ajuntament de Palma
Jordi Mora: “La administración tiene todos los recursos necesarios para evitar la demora que tanto perjudica a empresas y autónomos”
A raíz de la publicación hecha por UH donde se aseguraba que Cort excedía en más del doble el plazo legal para el pago a las empresas, PIMEM comunica su indignación por un retraso injustificado y muy perjudicial para las empresas proveedores. Su presidente, Jordi Mora, asegura que “para que una economía funcione es imprescindible pagar puntualmente y más en estos momentos de severa crisis. Cobrar a 73 días cuando la ley dice 30 se mire por donde se mire es inaceptable”. Desde la patronal de la pequeña y mediana empresa se pide al Ajuntament que actualice los días de pago durante este mes de setiembre y a partir de ahora sea lo normal cumplir la ley para evitar más perjuicios a las empresas proveedoras.
Actualmente PIMEM trabaja (junto a otras patronales y organismos) para activar el Régimen Sancionador para hacer cumplir los pagos a grandes empresas y las administraciones a nivel estatal. El pasado mes de Julio y, tras 11 años de duro trabajo, el Congreso de los Diputados dio luz verde a la propuesta que se incluye dentro de la Reactivación Económica de la Comisión para la Reconstrucción. Para Jordi Mora, “es un ejemplo de la importancia que tiene la actualización de los pagos dentro de un contexto de competitividad, liquidez y financiamiento empresarial y por lo tanto no podemos pasar por alto ninguna obligación de ninguna administración desde el ayuntamiento más pequeño al Estado”. Mora ha recordado que “también las grandes empresas dejan de cumplir sus obligaciones llegando hasta a los 200 días a la hora de pagar a sus proveedores”. PIMEM considera el régimen sancionador una herramienta imprescindible para pymes y autónomos para evitar el incumplimiento de los plazos legales de pago y reducir la necesidad de endeudamiento financiero de muchas pymes y autónomos.
Los datos de que se disponen hablan por si solos. El efecto directo de este régimen sancionador será una inyección al sistema de más 150.000 millones de euros a nivel estatal y correspondientes a las facturas pendientes de pago a proveedores por parte de las empresas cotizadas y administraciones públicas, sin riesgos y sin comprometer el balance de las empresas ni del país.
