PIMEM quiere que se condicionen los ayudas europeas a empresas al cumplimiento de la legislación contra la morosidad
El presidente de la Federación, Jordi Mora, pide a los representantes de Balears a Madrid más pedagogía y más intensidad a la hora de condicionar las ayudas europeas a empresas. Para Mora” se trata de cumplir la legislación contra la morosidad, puesto que esta condición podria dar 100.000 millones de liquidez a pymes y autónomos, tanto como los créditos ICO”. De esta manera la Federación, como parte integrante de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, se suma a las declaracions hechas por parte de Antonio Cañete presidente de PIMEC en la comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso
El presidente de PIMEM recuerda que en una encuesta a nivell nacional en mayo de 2020 el mayor problema de las empeses era la liquidez, “se trata de la solvencia y un 21% de los empresas prevé ajustes definitivos de plantilla mientras un 19% reconoce un alto riesgo de cierre”. En este sentido se hace eco de las reivindicacions hechas en el Congreso de los Diputados donde se vuelve a reclamar “más ayudas urgentes, reestructurar las deudas y reforzar el capital de los empresas”, así como “acelerar los ayudas directas”
Otro estudio de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, y que tuvo acceso PIMEM como miembro de dicha plataforma, ilustra como las empresas de la IBEX deben 56.000 millones de euros a sus proveedores, por encima del plazo legal de 60 días. Para Jordi Mora “los partidos políticos tienen mucha responsabilidad ya que la ley que regula un régimen sancionador contra la morosidad sigue encallada y es un ejemplo más que en según que cosas estamos aún lejos de Europa”.
Finalmente, PIMEM también suscribe otras medidas defendidas por Antonio Cañete, presidente de PIMEC como las reformas estructurales que continuan pendientes. Esta son: un plan nacional de industrialización y de relocalización de actividad, un conjunto de reformes estructurales del mercado de trabajo que aporten seguridad y flexibilidad, así como de la formación profesional, una reforma del mercado de la electricidad para evitar que los nuestros pymes paguen su energía un 15-20% más cara que sus vecinos de Francia o Portugal, o fomentar la participación de los pymes en la contratación pública, entre otras cuestiones.
