PIMEM recuerda que la limitación de los precios máximos no funciona en ciudades europeas similares a Palma
PIMEM pide se tenga en cuenta lo que no ha funcionado ni funciona en otras ciudades europeas.
Entre los aspectos negativos sobre la limitación del precio del alquiler de la vivienda, la patronal señala que en términos económicos cuando se quiere limitar el precio de un bien básico normalmente acaba fracasando y así ha ocurrido en otras ciudades. Y es que la Federació apunta que cuando se limita un precio máximo lo que crece es un mercado secundario que facilita el pago y cobro en B, generando un mercado negro de sobrepagos por alquiler donde una parte que percibe el propietario no tributa. Por ejemplo, si se limita los 900 euros de alquiler en Palma, se darán situaciones donde el inquilino pagará en B unos 300 o 400 euros extra al propietario, sin que éste pague sus impuestos correspondientes. Jordi Mora, presidente de la patronal asegura que “fijar precios también puede provocar que el propietario exija más garantías al arrendador, más avales, cantidades en B y la tensión hace que se genere especulación”.
Además, PIMEM prevé que las viviendas de alquiler más bajo es posible que suban sus precios para situarse en el tope marcado por la ley, y las viviendas de alquiler más alto salgan del mercado de alquiler, por tanto, supondría una reducción de la oferta de viviendas en alquiler, y tensionamos más aun el mercado de alquiler. Este tope o máximo del precio de alquiler, en el caso de que se implante en Palma acabaría tensionando los precios del alquiler del todos los municipios cercanos a Palma. Es necesario puntualizar, según la patronal, que esta ley nace con informes jurídicos desfavorables, y tendremos que ver como evolucionaran en un futuro próximo los conflictos en sede judicial.
PIMEM recuerda que no hay que perder de vista que cerca del 35% de las operaciones inmobiliarias, según datos del colegio de registradores, son a extranjeros y que en estos momentos hay una altísima demanda de inmuebles, de edificios enteros (caso Pere Garau ahora) que serán reformados (industria local) pero que con esta ley no saldrían a alquiler.
Mora apunta que “en el marco europeo esto es imposible de atajar. Haría falta legislación europea sobre territorios insulares tensionados”.
Por otra parte, y, dentro de las peticiones de PIMEM para reducir los precios del alquiler, se pide al Govern actuar de forma más contundente contra los grandes tenedores que actúan de forma especulativa. También se pide dar más facilidades fiscales para promocionar el alquiler. La patronal pide más inversión en vivienda de protección oficial y analizar con el Colegio Oficial de Arquitectos si en determinados lugares se puede crecer en altura. Mora asegura que “se debe apostar por vivienda pública de alquiler, que el Govern entre en este mercado y compre, rehabilite tanto solares urbanizables como inmuebles construidos”.
Los locales comerciales merecen para PIMEM un apartado especial de reflexión por parte de la administración. Los altos costes de alquiler provocan que comerciantes y restauradores les cueste mucho acceder a estos locales perjudicando seriamente la inversión local y favoreciendo grandes franquicias que vienen de fuera. La patronal observa como en el caso de Palma se hacen alquileres de temporada y que una vez pasado el verano dejan el establecimiento.
