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UATAE reivindica el derecho al subsidio de desempleo para los autónomos

Los subsidios por desempleo se configuran en nuestro ordenamiento como el nivel

más básico de protección del estado del bienestar hacia las personas trabajadoras,

encontrándose reservados para aquellas circunstancias de especial dificultad de

inserción laboral y vulnerabilidad económica, adoptando un carácter absolutamente

asistencial hacia aquellas personas trabajadoras que por causas ajenas a su voluntad

han cesado en su actividad laboral y encuentran mayores dificultades para acceder

a un nuevo empleo, como es el caso del subsidio para mayores de 52 años.

Sin embargo, pese a su carácter como única vía de amparo económico en los

supuestos de hecho en que se plantean, no todas las personas trabajadoras

pueden acceder a ellos, aunque la situación en la que se encuentren sea

idéntica a la de otros beneficiarios. Tal es el caso de los trabajadores y trabajadoras

autónomas que, aun reuniendo todos los requisitos subjetivos y objetivos, quedan

automáticamente excluidos de este paraguas de protección por el simple hecho

de encontrarse obligados a cotizar en el RETA y no en el Régimen General de la

Seguridad Social.

De esta manera, son más de 3.300.000 personas trabajadoras autónomas las

que quedan automáticamente excluidas de los subsidios por desempleo

y que se encuentran (o se encontrarían) absolutamente desprotegidas ante un

escenario de dificultad idéntico al de cualquier persona asalariada que sí pueda

tener derecho al subsidio por desempleo, lo que supone un agravio comparativo

injustificado que desvirtúa el art. 41 de la Constitución española que garantiza “la

asistencia y prestaciones suficientes en caso de necesidad, especialmente en casos

de desempleo”.

Excluir a las personas trabajadoras autónomas de percibir estos subsidios implica

una injustificada diferencia respecto a los trabajadores asalariados, por cuanto ante

igualdad de situación, éstos pueden percibirlos y aquellos no por una simple cuestión

técnica de cotización y ello pese a cumplir con sus obligaciones contributivas. Pero

más incompresible resulta tratándose de prestaciones no contributivas que se

deben financiar vía PGE y no con cargo a las contribuciones sociales, por lo que

nada justifica que se dé un tratamiento desigual a las personas afiliadas al

RETA.

Por todo ello, los abajo firmantes reivindicamos que deben hacerse extensibles

a las personas trabajadoras autónomas, pues solo así se conseguirá una

protección justa e igualitaria entre todas las personas trabajadoras autónomas, con

independencia de su régimen de encuadramiento en la Seguridad Social, siendo

esta la única vía posible para dar cumplimiento al mandato del ya mencionado

artículo 41 de la Constitución